Ricardo González-Roca Fonteneau
Secretario General de Organización y Comunicación de Liberación Canaria
“El objetivo fue claro, que Canarias dejara de mirar al exterior para mirar exclusivamente a España. Que el negocio del abastecimiento, de la logística y del comercio exterior pasara a manos de grandes empresas españolas. Para que el empresariado canario fuera desplazado progresivamente hasta quedar reducido a un papel residual, dependiente y sin capacidad de influencia”
“El actual presidente del Gobierno de Canarias ha llegado a afirmar que uno de los grandes dramas del Archipiélago es ser frontera atlántica con África. No lo dijo como advertencia técnica, sino como lamento político, como si nuestra posición geográfica fuera un problema y no un activo estratégico de primer orden”
En 1986, Canarias mantenía relaciones comerciales estables con más de treinta países africanos. No fue una anomalía histórica de un momento coyuntural, sino una estrategia económica coherente y valiente del empresariado canario que activa su capacidad, tenacidad y empeño de explorar la viabilidad de nuestra posición geográfica y condición natural de plataforma atlántica entre continentes.
Aquel comercio superaba los 50.000 millones de pesetas anuales. Fue impulsado por empresas canarias, por conocimiento local y por una lógica simple y eficaz, la de intermediar, exportar y comenzar a producir para ganar autonomía y capacidad económica.
La pregunta sigue siendo incómoda, pero necesaria.
¿Alguien se ha detenido a calcular cuál sería hoy ese volumen de negocio, de impacto económico y social?
¿Qué impacto habría tenido en empleo estable, en salarios dignos, en tejido empresarial propio y en capacidad real de decisión económica?
Probablemente estaríamos hablando de miles de millones de euros, de una economía más equilibrada y de una dependencia mucho menor del turismo como monocultivo estructural que permitiría liberarse del chantaje del sector turístico para que el mundo gire en torno a ellos como si fuesen la única posibilidad.
Pero no ocurrió así y no fue una mera casualidad porque desde España se fue construyendo, paso a paso, un marco diseñado para neutralizar esa proyección natural de Canarias hacia África y las ansias de soberanía económica que podía derivar en un crecimiento del sentimiento nacional canario con potencial económico.
Se comienza modificando la Ley de Puertos Francos para dar nacimiento a un REF pensado más para encorsetar que para liberar la economía.
Una política de arbitrios y aranceles que encarece artificialmente el coste de la vida y de la actividad económica pensada para recaudar.
La supresión de conexiones aéreas estratégicas con África que en su día cubría Iberia.
Finalmente, la plena integración en la Unión Europea en los términos que se decidió, sin contemplar excepcionalidades que hoy nos pasan factura y también nos fractura la cohesión social.
Ello supuso, también, la pérdida de lo poco que quedaba de los puertos francos, la desaparición de las libertades comerciales y la renuncia a la consideración de país tercero a efectos comerciales, condición que permitía un abastecimiento a precios más económicos.
Todo eso no fue un error ni una consecuencia involuntaria subsanable. Fue un daño intencionado y certero a la sociedad canaria. Había una razón de fondo.
España debía frenar el auge de una clase media empresarial canaria capaz de financiar, sostener y articular exigencias de soberanía económica, jurídica, fiscal y territorial.
Ya entonces comenzaban a escucharse voces incómodas desde sectores empresariales, jurídicos, médicos, economistas, ingenieros… y movimientos sindicales e interclasistas que confluían en las reclamaciones de un marco de relación diferenciado para Canarias, en pos de una mejor calidad de vida y oportunidades reales de progreso. Incluso se hablaba abiertamente de un estatuto federal y de otro encaje con la Unión Europea que no desmontara los puertos francos ni las libertades comerciales. En definitiva, que respetara los Fueros Canarios. Ese ruido no gustó en Madrid. Cuando algo no gusta en clave colonial, se apaga la disonancia.
El objetivo fue claro, que Canarias dejara de mirar al exterior para mirar exclusivamente a España. Que el negocio del abastecimiento, de la logística y del comercio exterior pasara a manos de grandes empresas españolas. Para que el empresariado canario fuera desplazado progresivamente hasta quedar reducido a un papel residual, dependiente y sin capacidad de influencia.
El resultado está a la vista. Basta pasear por cualquier zona comercial para comprobarlo. El comercio local ha desaparecido en gran medida y ha sido sustituido por cadenas y franquicias que se repiten como un patrón industrial. Sin arraigo, sin identidad, sin conciencia de pertenencia y sin retorno real para la economía ni para la sociedad canaria.
El empleo generado es precario, fácilmente sustituible y condicionado por decisiones que se toman fuera del Archipiélago. La capacidad de decisión no está aquí. Nunca lo estuvo del todo, pero hoy es más evidente que nunca.
Hay quien llama a esto modernidad. Hay quien lo vende como progreso. En realidad, es una forma clara y funcional de colonialismo económico adaptado al siglo XXI, sin uniformes ni banderas, pero con resultados perfectamente medibles.
A este escenario se suma una falta de visión política preocupante y con responsables concretos. El actual presidente del Gobierno de Canarias ha llegado a afirmar que uno de los grandes dramas del Archipiélago es ser frontera atlántica con África. No lo dijo como advertencia técnica, sino como lamento político, como si nuestra posición geográfica fuera un problema y no un activo estratégico de primer orden. Esa afirmación no es ingenua. Es muy reveladora.
Mientras se presenta África como amenaza o carga, se renuncia deliberadamente a verla como oportunidad de desarrollo económico, comercial y cultural. Se descarta cualquier estrategia seria de comercio exterior, de cooperación económica o de relaciones de buena vecindad que permita reconstruir un tejido empresarial canario fuerte y con proyección internacional.
El mismo presidente que desprecia públicamente esa vocación atlántica se desplaza a España para reunirse con grandes empresas peninsulares y ofrecerles Canarias como plataforma logística y territorial al servicio de intereses ajenos. No para fortalecer empresas canarias, no para impulsar capital local, no para generar soberanía económica, sino para facilitar negocio externo sobre suelo, recursos y posición estratégica canaria.
Eso no es gobernar sino intermediar.
Es el comportamiento clásico del político medianero, del gestor sin proyecto de país ni conciencia nacional canaria, del dirigente que confunde estabilidad institucional con sumisión económica.
Resulta especialmente grave cuando quien actúa así se presenta como nacionalista, porque no hay mayor contradicción que proclamarse defensor de Canarias mientras se trabaja para vaciarla de capacidad económica propia.
Canarias necesita diversificar su economía, sí. Pero no como consigna vacía. Necesita hacerlo con convicción, recuperando su vocación atlántica y reconstruyendo relaciones comerciales, económicas y culturales de buen vecindaje con África. No como amenaza, no como frontera problema, sino como oportunidad estratégica.
El problema es que para eso hace falta algo que escasea más que los recursos, voluntad política y conciencia de país.
Mientras tanto, la sociedad civil canaria observa, comenta y participa, muchas veces en silencio, en su propia crónica de empobrecimiento anunciado. Evitando mojarse, evitando incomodar, esperando que otros decidan.
La ceguera no es inocente. El tiempo perdido no se recupera.
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