Comunicado de Liberación Canaria
Liberación Canaria defiende que el mar canario es un bien común que pertenece al pueblo, no un espacio disponible para cualquier negocio intensivo que llegue con promesas de inversión.
La economía azul que necesita el Archipiélago es conocimiento, protección, empleo local y soberanía alimentaria, no la privatización de hecho del litoral.
El Gobierno de Canarias abrió el pasado 24 de agosto el plazo de alegaciones al proyecto de jaulas marinas de La Aldea de San Nicolás y Artenara, promovido por Gran Canaria Bass Company, S.L. en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
El plazo termina el 5 de octubre. El examen del expediente confirma que el propio estudio de impacto ambiental declara adjuntar trece anexos y solo se han publicado diez.
Faltan los resultados de laboratorio, el manual de buenas prácticas y, sobre todo, el seguimiento de avifauna y cetáceos, precisamente lo que la Comisión de Evaluación Ambiental exigió en 2025 que dejara de ser una posibilidad y pasara a ser obligación.
Se está pidiendo a la población canaria que opine sobre un documento que no puede leer entero.
El propio estudio de compatibilidad pesquera, redactado por la empresa promotora, reconoce que la ordenación de la zona prohíbe la pesca dentro de las 47 hectáreas de la concesión, y ese estudio se elaboró sin una sola entrevista con pescadores ni con la cofradía afectada.
Un informe de la Administración General del Estado, incluido en el propio expediente, advierte además de una propuesta oficial para ampliar la Zona de Especial Conservación de Cebadales de Güigüí, que dejaría la instalación dentro de un espacio protegido que hoy la rodea sin incluirla.
La consecuencia es que se pretende autorizar una explotación industrial de 24 jaulas, casi 5.400 toneladas anuales de lubina y 740 toneladas de residuos orgánicos vertidos al mar, con un expediente incompleto, sin escuchar a los pescadores y sin resolver si ese tramo de litoral debe quedar protegido en lugar de industrializado.
El Gobierno de Canarias sostiene que la orden de 2023 que prohibió pescar en esa zona y repartió la producción entre las parcelas, fue un simple trámite de ejecución, no una decisión propia, y por eso no la sometió a evaluación ambiental.
Liberación Canaria no lo acepta. Prohibir un uso y repartir capacidad productiva no es ejecutar algo ya decidido, es decidir, y como decisión debió pasar por control ambiental.
Quien la aprobó debe responder ante el país por ese atajo, y esa misma exigencia de transparencia alcanza a la empresa promotora, una sociedad instrumental cuyo socio único es una empresa extranjera y de la que aún no se conocen con claridad sus beneficiarios reales.
Liberación Canaria exige la paralización cautelar del procedimiento hasta que se publique el expediente íntegro, se atiendan todos los requerimientos ambientales pendientes desde 2025, se elabore un estudio pesquero real con participación de los pescadores y se aclare la compatibilidad del proyecto con la ampliación de la ZEC Cebadales de Güigüí.
Trasladaremos esta posición dentro del plazo legal y llamamos a la vecindad de La Aldea y Artenara, a las cofradías de pescadores y a las entidades ambientales a presentar alegaciones antes del 5 de octubre.
Cuantas más voces se registren, más difícil será tramitar este expediente como si el territorio no existiera.
Defender La Aldea es defender Canarias.
El territorio es el país y nuestra gente.
