Comunicado Liberación Canaria
Liberación Canaria reclama al Gobierno de Canarias la investigación inmediata y/o paralización cautelar temporal de las actividades extractivas de la cantera Las Cármenes, en Chimiche-Las Rosas, Granadilla de Abona, si procede mientras no se acredite de manera independiente, transparente y pública que su funcionamiento actual cumple íntegramente las condiciones ambientales, sanitarias, territoriales y de restauración exigibles.
Nuestra posición no parte de negar la existencia de un título minero ni de una evaluación ambiental. La concesión tiene su origen en 1971 y la explotación cuenta con una primera prórroga otorgada por la Dirección General de Industria en 2019, previa tramitación ambiental.
Precisamente por eso, la cuestión fundamental no es si existen documentos administrativos, sino si las condiciones bajo las que se autorizó la explotación se están cumpliendo hoy sobre el terreno.
Las reiteradas denuncias de los vecinos de Las Rosas deben sobre emisiones de polvo, molestias en viviendas, preocupación por la calidad del aire y posibles afecciones sobre un centro educativo cercano obligan a una investigación urgente y respuesta pública inmediata.
No es aceptable que una población tenga que convivir con esta incertidumbre mientras las administraciones se limitan a intercambiar competencias o informes.
Liberación Canaria exige una campaña independiente de medición de PM10, PM2,5, polvo sedimentable y sílice cristalina respirable, acompañada de análisis mineralógicos y datos meteorológicos que permitan determinar qué partículas se están emitiendo, en qué concentración, hasta dónde llegan y qué exposición real soportan los núcleos habitados próximos.
También reclamamos la publicación y revisión completa del Proyecto de Explotación, la Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de Restauración, los planes anuales de labores, las inspecciones realizadas y los informes bienales de seguimiento ambiental y restauración.
La evaluación ambiental de 2019 no puede entenderse como una autorización indefinida y debe verificarse durante toda la vida de la explotación y, comprobar si existen incumplimientos o no, para que en caso de que existan, deben activarse los mecanismos de suspensión y corrección previstos por la propia normativa.
Existe además una dimensión patrimonial que no puede ignorarse. El entorno de Las Cármenes alberga materiales incluidos en un Lugar de Interés Geológico reconocido por el IGME, con valor científico alto para el conocimiento de la historia volcánica de Tenerife. A ello se añaden decenas de posibles elementos arqueológicos, arquitectónicos y etnográficos identificados por colectivos especializados que deben ser comprobados inmediatamente y ser catalogados por las administraciones competentes para tomar decisiones.
Liberación Canaria solicita igualmente que se haga pública toda la información relativa a las licencias municipales, autorizaciones territoriales, accesos, posibles ampliaciones o demasías solicitadas, superficie realmente explotada, volúmenes de extracción, destino de los materiales y número de empleos directos e indirectos generados por la actividad.
La actividad económica y el empleo son necesarios, pero no pueden utilizarse como argumento genérico para justificar cualquier impacto.
Cuando una empresa explota durante décadas un recurso natural canario, la sociedad tiene derecho a saber qué valor genera, cuánto empleo crea, dónde queda ese valor y qué costes ambientales, territoriales y sanitarios soporta la población.
Desde Liberación Canaria defendemos un principio sencillo.
Ninguna actividad económica puede convertir la salud de los vecinos, el territorio y el patrimonio canario en el coste oculto de su rentabilidad.
Si la explotación cumple todas las condiciones, que los datos públicos lo demuestren. Si no las cumple, que se paralice, se corrijan los incumplimientos y se exijan las responsabilidades que correspondan.
Por ello, Liberación Canaria reclama al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona una actuación coordinada, inmediata y transparente, con participación vecinal y supervisión técnica independiente.
La población de Chimiche y Las Rosas no necesita más declaraciones de intenciones. Necesita certezas, que se hagan las mediciones necesarias, controles obligados con garantías desde las instituciones con responsabilidad.
