Daniel Falero Mesa
Secretaría de Comunicación y Redes Sociales de Liberación Canaria
Una familia compra un apartamento en La Gomera. Quiere disfrutarlo los fines de semana, pasar temporadas cerca de los suyos y conservarlo para sus hijos. Hasta que llega una propuesta de sanción de 2.250 euros por darle uso residencial en lugar de destinarlo a la explotación turística. El caso lo contó Canarias Ahora en noviembre de 2025.
Hay algo profundamente inquietante en esa escena. En unas islas donde encontrar vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos, una familia tiene que defender ante la Administración por qué quiere utilizar el apartamento que compró.
La explicación administrativa remite al planeamiento, a las licencias y a la obligación de mantener el uso turístico. Esas reglas existen y merecen un debate serio. Precisamente por eso debemos preguntarnos a quién sirven, qué situaciones están provocando y cómo se corrigen sus consecuencias.
Porque detrás de cada expediente hay una decisión política sobre el territorio: qué espacios reservamos al negocio turístico y qué lugar dejamos para vivir.
El Gobierno de Canarias aprobó en marzo de 2025 un decreto que contempla la suspensión de determinados procedimientos sancionadores, sujeta a condiciones y vinculada a los procesos de cambio de uso. No fue una suspensión general y automática de todas las multas. Esa diferencia, recogida en el Decreto-ley 2/2025, importa mucho para las familias afectadas.
Un anuncio puede resultar tranquilizador en una rueda de prensa. Pero quien recibe después una propuesta de sanción necesita algo más: saber qué puede hacer, qué solución tiene su situación y cuánto tiempo seguirá viviendo con incertidumbre.
Este caso retrata una contradicción del modelo canario. Hemos dedicado tanto esfuerzo a garantizar espacio para el visitante que terminamos discutiendo si una familia puede disfrutar de su propio apartamento. El turismo condiciona el territorio hasta ese punto.
Desde Liberación Canaria defendemos que la actividad turística debe ajustarse a las necesidades del país. Canarias necesita proteger su función residencial, ordenar su crecimiento y disponer de herramientas jurídicas para abordar la presión sobre la vivienda y el suelo.
Regular la residencia y la adquisición de inmuebles exige construir un marco jurídico que lo permita. Pero hay decisiones que deben abordarse desde ahora, escuchar a las personas afectadas, revisar los conflictos de uso y ofrecer soluciones claras, viables y socialmente justas.
No podemos seguir organizando nuestras islas como si su principal obligación fuera alojar a quienes vienen de vacaciones.
Antes de ser un destino turístico, Canarias es nuestra casa.
