Daniel Falero Mesa
Secretaría de Comunicación y Redes Sociales de Liberación Canaria
La vi en el gimnasio un martes por la tarde, mi amiga lleva años de auxiliar NEAE en un cole del Archipiélago, y cuando se quitó el pulóver para calentar tenía un moratón en el antebrazo del tamaño de un tuno. Le pregunté qué le había pasado, me miró como si la pregunta no tuviera mucho sentido. «El susodicho», me dijo, y siguió estirando. «Ya sabes, cuando se pone así no hay mucho que hacer, son cosas del trabajo».
“Son cosas del trabajo”. Me quedé con esa frase dándome vueltas mientras hacíamos la clase. Son cosas del trabajo recibir golpes casi a diario del “susodicho”, un alumno con trastorno grave de conducta. Son “cosas del trabajo” manejar esas situaciones sin formación específica, sin protocolo de contención digno, sin que nadie del Gobierno que te puso ahí se haya preguntado nunca si estás bien. Y “son cosas del trabajo” cobrar entre 500 y 850 euros al mes por hacerlo.
Esa figura se llama auxiliar de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, NEAE. Hay más de 600 en los centros públicos del Archipiélago. No son personal de la Consejería de Educación: son empleadas de Aeromédica Canaria SLU, una empresa privada con ánimo de lucro que lleva casi una década gestionando este servicio por encargo del Gobierno canario y facturando en torno a 20 millones de euros anuales. El contrato lleva años caducado. Sin embargo, aquí seguimos.
Lo que se les pide hacer es esto: higiene y aseo personal completo del alumnado, control de esfínteres, traslados, alimentación de quienes no pueden comer solos, administración de medicación oral o tópica, manejo de equipos protésicos y dispositivos de control postural, asistencia en adaptaciones curriculares con alumnado con discapacidades graves. Y por supuesto contención de conducta, aunque eso no figura tan claramente en el papel.
¿Y qué formación mínima les exige la Consejería para todo eso? Graduado Escolar o equivalente, más un cursillo de seguridad alimentaria. Nada de comunicación aumentativa, nada de discapacidad motora, nada de trastornos de conducta. El mismo Gobierno que les pide gestionar la vida cotidiana de los niños más vulnerables del Archipiélago les paga como si esa responsabilidad no existiera: entre 500 y 850 euros al mes, frente a los más de 1.100 que cobra el mismo perfil haciendo las mismas funciones en la pública, que también es poco para tal responsabilidad. Y en verano, al paro, porque el contrato fijo discontinuo se interrumpe y el sueldo desaparece. ¡Mira tú!
Es un trabajo feminizado casi al cien por cien, mayoritariamente en manos de mujeres en situación de precariedad, muchas de las cuales necesitan un segundo empleo para llegar a fin de mes. Que sea trabajo de cuidados, que lo hagan mujeres y que lo hagan en silencio ha facilitado que durante años nadie se escandalizara demasiado. La precariedad se aguanta mejor cuando no hace ruido. Y eso, precisamente eso, es lo que ha permitido que este modelo lleve una década igual.
Pero el sueldo miserable y la formación inexistente son solo la mitad del asunto. La otra mitad tiene nombre propio: Aeromédica. Porque esta empresa no se limita a pagar poco. Según denuncian las propias trabajadoras, que llegaron a organizarse colectivamente para hacerlo, el trato es directamente autoritario. Hay constancia de numerosas denuncias, y cuando algunos de esos conflictos llegaron más lejos, la empresa mandó a sus propias coordinadoras a testificar en contra de las trabajadoras. Las mismas personas que se supone que deben acompañarlas, supervisarlas, apoyarlas. Puestas a declarar contra ellas.
Todo esto sin que la Consejería de Educación, que es quien paga el contrato y quien debería velar por que ese servicio se preste con dignidad, haya movido un dedo para supervisar lo que ocurre dentro. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya declaró el modelo irregular y ordenó corregirlo. Pero el ejecutivo sigue porque renovar el silencio es más barato que cambiar las cosas.
Y por si faltaba algo, hay un detalle pequeño que dice mucho del ambiente que se respira: cuando una auxiliar necesita ir al médico especialista, si no especifica qué tipo de especialista es, la empresa no le reconoce el permiso retribuido y le descuenta el día. El derecho a no revelar a qué médico acudes, que cualquier trabajador tiene por ley, se convierte en una trampa. No digas a qué especialista vas y te cuesta el jornal. Dilo y cedes algo que no tienes por qué ceder. Pequeño, sí. Pero revelador de quién tiene el poder en esa relación y cómo se ejerce.
Este no es un problema de recursos. Es una decisión política que cada año se renueva en silencio, porque las víctimas son niños neurodivergentes y mujeres precarias, y los dos grupos más fáciles de ignorar siempre han sido los más vulnerables y los más callados. Los partidos estatales con presencia en el Archipiélago y CC lo saben. Lo han sabido durante una década. Y han preferido renovar el silencio.
Canarias necesita una red propia de auxiliares NEAE, con contrato público, formación exigible y salario digno. No como favor, sino como obligación. Porque la educación inclusiva no puede sostenerse sobre el sacrificio permanente de las que la hacen posible, ni sobre los moratones que se normalizan en un gimnasio un martes por la tarde.
