Sirlene Alonso Gandía
Área Servicios Jurídicos de Liberación Canaria
El Gobierno de Canarias ha presentado un anteproyecto para redactar una Ley de Montes de Canarias, con el objetivo declarado de mejorar la protección forestal, prevenir incendios y conservar el patrimonio natural del Archipiélago.
Estos objetivos, en sí mismos, son compartidos por una parte importante de la sociedad canaria.
Sin embargo, una ley no se mide solo por lo que dice querer hacer, sino por cómo lo hace y desde dónde lo hace.
Desde Liberación Canaria consideramos que el texto presentado genera dudas fundadas porque se aleja de la realidad territorial, social y cultural de Canarias, y porque introduce un enfoque que no reconoce el papel histórico de las comunidades rurales, agrícolas y ganaderas en lo relativo a su contribución en el cuidado del territorio.
«Una ley influida por marcos continentales, pero poco adaptada a Canarias»
La Ley de Montes de Canarias bebe de normativa estatal y europea relacionadas con biodiversidad, captura de carbono, gobernanza forestar y lucha contra la desertificación.
Estas líneas de trabajo, impulsadas desde la Unión Europea, responden a una lógica general válida en muchos territorios continentales.
El problema surge cuando esas directrices se trasladan de forma casi literal a un archipiélago fragmentado, con orografía compleja, minifundio, bancales, pastoreo tradicional y una relación histórica entre población y territorio única y diferencial.
Canarias es un territorio vivido, trabajado y cuidado durante generaciones.
«El monte no es un espacio vacío»
En Canarias, el monte no empieza donde termina la gente. El monte convive con fincas, pastos, muros de piedra, pistas rurales, gavias, bancales y núcleos tradicionales.
La nueva ley introduce una definición amplia de monte y un régimen de autorizaciones y sanciones que puede convertir prácticas tradicionales en actividades de riesgo administrativo y eso tiene consecuencias muy concretas.
Las acciones tradicionales como la poda, la limpieza de matorral o la recogida de pinocha no pueden tipificarse con sanciones que supongan la quiebra de una economía familiar. No estamos hablando de delitos ambientales, sino de gestión cotidiana del territorio.
Cuando el miedo a una sanción sustituye al conocimiento del lugar, el resultado no es más protección. Es abandono.
«La burocracia no puede expulsar a quien cuida el campo»
Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es la necesidad de declaración responsable previa y seguramente por via electrónica para los aprovechamientos de carácter doméstico de pinocha, pastos, frutos, setas, plantas aromáticas y medicinales y demás productos característicos del monte.
«Las Reservas de la Biosfera no pueden ser ignoradas»
Una parte muy importante del territorio canario está reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Este reconocimiento implica gobernanza participativa, respeto a las comunidades locales y coherencia entre conservación y desarrollo humano.
La Ley de Montes, en sus artículos 5, 12 y 32, no garantiza de forma suficiente que los Planes contra incendios forestales (PORF) y los instrumentos de gestión forestal sostenible (IGFS) deban ser coherentes y estar coordinados con los Planes de Gestión de las Reservas de la Biosfera. Es imperativo respetar la zonificación internacional para evitar duplicidades y garantizar una gobernanza compartida con las comunidades locales.
Además, los beneficios derivados de la captura de CO₂ recogidos en el artículo 68 deben tener un retorno directo a los propietarios y gestores del territorio, no quedar bajo una gestión discrecional de la Administración.
Quien cuida el territorio debe ver reconocido su trabajo, también en términos económicos.
«Esta ley necesita alegaciones, participación y corrección»
Desde Liberación Canaria hemos presentado alegaciones a esta ley porque creemos que proteger el monte no puede significar expulsar a la gente del campo, ni convertir la vida rural en una carrera de obstáculos administrativos.
Pero esta no es solo una tarea de una organización política.
Por eso invitamos a colectivos sociales, rurales, vecinales, agrícolas, ganaderos y ecológicos a presentar sus propias alegaciones o a apoyarse en las que estamos difundiendo, adaptándolas a su realidad concreta.
La participación ciudadana no supone un mero trámite, se trata de una responsabilidad compartida cuando una norma afecta de forma directa al territorio, a la identidad y a la forma de vida de Canarias.
«Defender el territorio es defender a su gente»
Canarias necesita una Ley de Montes, sí. Pero necesita una ley pensada desde aquí, con la gente que lo cuida participando desde dentro en el diseño de la misma, con el campo vivo y con respeto a la identidad territorial que nos define.
Desde Liberación Canaria seguiremos defendiendo un modelo de protección ambiental con raíces, con personas y con futuro.
