Yolanda Cívicos Santana
Trabajadora Social
Comienzan las clases un año más y, con ello, nuevos retos, nuevas estrategias, nuevos profesores y centros escolares y, cómo no, nuevas normas.
Recientemente acudía a la reunión informativa que cada año se realiza en los centros educativos. En esta ocasión lo hice con una mezcla de nostalgia e incertidumbre ante el funcionamiento de un instituto de secundaria que alberga en torno a 900 alumnos.
Por mi condición de empleada pública y sindicalista capto, de manera más inmediata, realidades que pasan desapercibidas para muchas familias. Por ejemplo, que un centro que acoge a tantos alumnos disponga de apenas dos administrativos y dos subalternos y, a través de subcontratas, cuatro auxiliares educativos y una sola persona de mantenimiento.
Desconozco el número exacto de profesores, pero algo sí sé: ese día sentí mucha pena por el declive de nuestro sistema educativo. Me explico.
Durante los primeros cuarenta minutos de exposición, la tutora se limitó a desgranar las normas, las prohibiciones y las consecuencias para el alumnado en caso de incumplimiento. Pensé en la ilusión con la que cualquier niño o niña afronta el paso del colegio al instituto y en cómo todas las expectativas creadas durante el verano debían de haber caído en picado, dando paso al miedo, las inseguridades y la incertidumbre.
Entendiendo que las normas son lógicas y necesarias —también en el ámbito escolar—, vuelvo al personal existente en un centro. ¿Cuántas de esas estrictas normas existen por la incapacidad de ofrecer una atención centrada en las necesidades individuales del estudiante y cuántas por la absoluta falta de recursos humanos para evitar el descontrol en las aulas y centros?
Creo que la respuesta es obvia. Y les pongo un claro ejemplo: la norma de prohibir, salvo casos «urgentes», acudir al baño en cualquier momento de la jornada que no sea el recreo. Un recreo que, además, es el único respiro que tienen los alumnos para desconectar, socializar y comer con calma y, desde luego, que no está diseñado para hacer colas junto a otros ochocientos y pico estudiantes.
¿Nos sorprendemos entonces de los resultados del último informe PISA? Yo, desde luego, no.
Lo que sí me sorprende es que sigan existiendo aulas cuya temperatura interior supera con creces la idónea para una adecuada concentración y, en consecuencia, para un mejor aprendizaje. Supongo que el señor Poli Suárez sí dispondrá de aire acondicionado en su despacho.
Mientras profesionales y familias seguimos exigiendo servicios públicos de calidad —o que, como mínimo, no repercutan gravemente en la salud de menores y personas vulnerables—, muchos otros parecen preferir medidas discriminatorias. Hasta el punto de que son los propios padres y madres quienes proponen organizarse para recaudar dinero y comprar ventiladores para las aulas.
Dicho esto, es de justicia reconocer que existen muchos profesionales que se resisten a repetir patrones obsoletos. Docentes que se reciclan fuera de su horario laboral porque la Consejería es incapaz de ofertar una formación verdaderamente novedosa; que cuestionan normas que rozan lo ridículo, impuestas, en ocasiones, por algún director o directora atrapado en sus cuotas mínimas de poder.
En cuanto a las familias, animarlas a no aceptar cualquier norma como válida si su único fin es controlar al alumnado porque no se sabe —o no se quiere— cambiar el modelo actual, a pesar de sus pésimos resultados. Lo contrario exigiría una inversión real de tiempo y dinero, y nuestros políticos parece que no están por la labor.
Si queremos alumnos motivados, menos frustrados, con menor ansiedad, y reducir tanto el fracaso escolar como la preocupante incidencia de los problemas de salud mental entre los menores, debemos trabajar desde una perspectiva global.
Atendamos las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes y hagamos que sean compatibles con los recursos humanos y materiales necesarios, porque la comunidad educativa, sin logística, no podrá hacer milagros.
Mucho ánimo y buen curso escolar para todos y todas.
