Opinión de Yolanda Cívicos Santana
Miembro del Comité de Empresa Consejería de Servicios Sociales – GOBCAN
Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias hemos decidido hablar con claridad. Lo hacemos tras más de dos años de silencio institucional, bloqueo sistemático y ausencia deliberada de negociación. Lo que está ocurriendo en esta Consejería no es desorganización. Es una forma de gestión basada en el desgaste, la externalización progresiva y el vaciamiento de los servicios públicos .
Durante este tiempo, los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras han sido ignorados. No se responde a solicitudes formales, no se convoca negociación colectiva y se vulnera el derecho fundamental a la información. Se gobierna mediante instrucciones unilaterales y silencio administrativo. Lo llamamos “apagón democrático” porque la participación ha sido sustituida por la imposición .
El impacto ya es visible. Las evaluaciones de riesgos psicosociales se desatienden. Las solicitudes de adaptación de puesto por motivos de salud se bloquean. El resultado es un aumento récord de bajas laborales y una plantilla exhausta. No hablamos de desgaste puntual, hablamos de un entorno que empuja a la baja médica como única salida. Este “caos provocado” genera desmotivación y desesperanza en profesionales que trabajan con menores, personas dependientes, personas con discapacidad y familias en exclusión social .
En el área de Dependencia, pese a cambios normativos, reestructuraciones y externalización de parte del procedimiento, las listas de espera apenas se reducen. La creación de servicios públicos es insuficiente y se produce un efecto indirecto: aumento de ocupación hospitalaria por falta de recursos sociosanitarios adecuados . El servicio de ayuda a domicilio, presentado como solución para favorecer la permanencia en el entorno habitual, no está siendo asumido por el sector privado al ritmo necesario, lo que está generando desistimientos masivos, en ocasiones sin que la persona usuaria sea plenamente consciente .
En Discapacidad la situación es aún más preocupante. Menores de un año no están siendo atendidos por falta de profesionales especializados. Existe un embudo en las valoraciones de menores de dos a seis años, con retrasos que provocan la pérdida de becas y apoyos educativos al cumplir la edad límite . El retraso medio en otros expedientes ronda los dos años, una demora que también se reproduce en la Renta Canaria de Ciudadanía . Cuando la intervención temprana falla, el sistema termina asumiendo mayores costes en dependencia futura. La prevención no es un gasto, es una obligación.
Las Escuelas Infantiles públicas dependientes de esta Consejería viven un abandono estructural. No se sustituyen bajas ni se cubren jubilaciones. Aulas cerradas a mitad de curso y familias sin plaza son la consecuencia directa . Mientras tanto, otras áreas del propio Gobierno amplían la oferta 0-3 con matrícula gratuita. Se genera una brecha interna inadmisible que afecta directamente al derecho a la educación infantil . Además, se detectan dinámicas de privatización encubierta, como la sustitución de personal propio por servicios externos de catering, desviando fondos públicos a gestión privada .
En el área de Mayores se opta por externalizar servicios esenciales en lugar de activar listas de reserva o convocar nuevas ofertas públicas de empleo . En el Programa de Prevención y Protección de Menores el déficit estructural es alarmante: 29 puestos sin cubrir en toda la Comunidad Autónoma, contratos temporales que finalizan y técnicos que no se sustituyen . Sin liderazgo ni planificación, se están vulnerando derechos básicos de la infancia y las familias. La falta de fiscalización a entidades colaboradoras añade un riesgo adicional .
La precariedad material agrava el escenario. Sistemas informáticos incompletos que impiden la trazabilidad de datos, falta de vehículos para traslados y una plantilla sometida a niveles elevados de saturación y “burn-out” . El impacto en la salud mental es evidente y las advertencias de la Fiscalía por incumplimientos legales ya son una realidad .
No estamos ante un problema técnico aislado. Estamos ante un modelo de gestión que debilita lo público y traslada la responsabilidad a terceros mientras el personal y las personas usuarias asumen las consecuencias.
Exigimos el fin inmediato del apagón democrático, la reactivación real de la negociación colectiva, la cobertura de plazas estructurales y una inversión coherente en servicios públicos. La protección de la infancia, la atención a la dependencia, la discapacidad, las escuelas infantiles y los mayores no pueden depender del desgaste de quienes sostienen el sistema.
La dignidad del servicio público no es una consigna. Es una responsabilidad institucional. Y hoy está en riesgo.
