La conversación no empieza hablando de política. Comienza hablando de lo cotidiano. De sueldos que no alcanzan, de alquileres imposibles y de jóvenes que se marchan sin hacer ruido.
En Canarias se anuncian decretos, planes y supuestos avances, pero la vida real sigue avanzando por otro carril.
Ese es el contexto en el que aparece el Decreto Canarias, presentado por el Gobierno autonómico como una respuesta estratégica. Sin embargo, fuera del discurso institucional, la pregunta es otra, mucho más directa – ¿qué cambia realmente para la mayoría social?
La charla con Ricardo González Roca Fonteneau, recién elegido Secretario General Nacional de Liberación Canaria tras el I Tagoror Nacional celebrado en enero en Las Palmas de Gran Canaria, transcurre de forma cercana y natural.
No hay consignas ni frases ensayadas. Hay tiempo, café y una idea que se repite con serenidad y firmeza, que mientras Canarias no tenga capacidad real de decisión, los problemas estructurales que condicionan la vida cotidiana, seguirán acumulándose.
“Cuando la gente escucha ‘Decreto Canarias’ lo primero que se pregunta es si eso le va a ayudar a vivir mejor”, comenta. La respuesta, admite, no es cómoda. “Si no se cambia quién decide, no. Se pondrán parches temporales que no es lo mismo que gobernar para resolver. Al final, los problemas se terminan por agravar”.
A partir de ahí, la conversación va poniendo nombre a lo que muchas personas viven a diario.
Los salarios en Canarias se sitúan un 36,5 % por debajo de la media europea y el poder adquisitivo es un 25 % inferior. No es una percepción, son datos.
“Aquí se trabaja mucho, se genera riqueza, pero no se controla cómo se reparte ni a quién se beneficia”, explica. “Eso no ocurre por casualidad en este modelo económico y político canario dependiente de decisiones ajenas”.
Mientras pedimos nuestro buchito de leche y leche, hablamos del empleo sin rodeos.
Durante años se ha normalizado un modelo económico basado en bajos salarios y precariedad estructural. Monocultivo económico basado en depender del sector turístico, que aporta temporalidad e inestabilidad laboral , sueldos muy ajustados que no se corresponden con los ingresos del sector.
“Se nos ha repetido que no hay alternativa, y cuando no decides el modelo económico, acabas aceptando lo que te imponen”.
El Decreto, en su opinión, no altera esta dinámica dependiente obligada. “Pide recursos, gestiona lo que hay con sus limitaciones y miserias, pero no toca las bases que generan esta situación. No incomoda a nadie”.
El tema de la vivienda aparece de forma inevitable, entre sorbo y sorbo.
En Canarias, vivir se ha encarecido hasta el punto de convertirse en un privilegio para una parte creciente de la población que invierte más del 40% del salario en su casa. No porque falten casas, sino porque el mercado inmobiliario se ha desbordado sin control.
El hipercrecimiento poblacional de las últimas décadas nos ha puesto las carencia al descubierto. No se querido abordar la realidad que se veía venir desde hace años.
La decisión fue dar patada al balón de la regulación de la residencia y todos a correr hacia adelante como si nada fuese a suceder. Así estamos ahora.
“Hoy tenemos una situación difícil de justificar”, señala. “por poner un ejemplo, más de 200.000 personas vienen a pasar vacaciones a su propia casa en Canarias, mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda para vivir”.
La vivienda ha dejado de cumplir una función social y se ha convertido en un activo financiero de alta rentabilidad y garantizada revalorización.
A esto se suma otro dato incómodo. El parque de vivienda pública en Canarias es mínimo, casi inexistente. “Durante más de 25 años no se ha construido vivienda pública de forma sostenida. Ahora se anuncian planes con urgencia, pero hay que ser claros, estamos llegando muy tarde”.
Ricardo baja entonces el discurso al terreno físico del Archipiélago. “Vivimos en territorios limitados. Somos islas. No existe el crecimiento infinito”. Construir sin freno, sin planificación y sin control demográfico no resuelve el problema, simplemente lo agrava.
Ahí introduce una idea que no rehúye. “La sobrepoblación creciente y sin freno nos aboca a una realidad que ya no se puede esquivar. Hay que regular la residencia en Canarias. No hay otra alternativa”.
Cuando se le pregunta por qué no se hace, la respuesta vuelve al marco político-jurídico. El encaje actual dentro de la Unión Europea no permite adoptar decisiones estructurales en materias clave necesarias para el país como residencia, vivienda o mercado laboral canario o planificación territorial.
-“Y eso es lo que no se explica. Se habla de vivienda, pero no de las herramientas reales para intervenir”.
En este punto introduce una lectura de fondo. “El Decreto Canarias no incomoda al Estado español porque no plantea un nuevo marco jurídico diferenciado e integral que reconozca el encaje específico del país canario dentro del Estado”. No cuestiona el modelo ni redefine competencias. “Por eso no genera conflicto. Porque no cambia nada esencial”.
Gobernar Canarias, insiste, no puede hacerse como si se tratara de un territorio continental. “Somos un archipiélago. La fragmentación territorial, la limitación del suelo, la dependencia exterior por no haber abordado una diversificación económica planificada junto a la presión demográfica nos sitúan en una realidad distinta”. Aplicar las mismas reglas que a territorios continentales, añade, es gobernar de espaldas a la realidad.
“Un territorio como Canarias necesita autogobierno real, con cuotas de soberanía máximas en las áreas estratégicas que condicionan nuestras vidas para lograr calidad de vida ,bienestar social y oportunidades de progreso ”, explica.
Vivienda, residencia, planificación territorial, economía, fiscalidad plena, infraestructuras. “Sin eso, gobiernas a ciegas”.
Aquí aparece, de forma explícita, la referencia a otras vías existentes. “Hay encajes jurídicos reconocidos en el derecho europeo e internacional que permitirían mayor capacidad de decisión”, señala.
Entre ellos, el marco de relación como País y Territorio de Ultramar (PTU), contemplado en el ordenamiento europeo desde 1957. “No es una invención ni una quimera. Es una opción real contemplada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permitiría ordenar residencia, proteger la vivienda proteger el mercado laboral canario y al tejido productivo, mantener la ciudadanía europea, circular libremente, acceso a programas de financiación e inversión y planificar el territorio con mayor capacidad”.
La conversación entra entonces en la lectura preelectoral. Ricardo no esquiva el momento político.
“El Decreto también hay que entenderlo como una operación de marketing político”, afirma. “Sirve para construir relato, ocupar agenda político para escenificar una supuesta defensa de Canarias sin alterar el marco jurídico que genera los problemas”.
Mientras tanto, la realidad sigue presionando. Infraestructuras saturadas, carreteras colapsadas, servicios públicos tensionados. La cesta de la compra se sitúa entre las más caras de la Unión Europea. Todo ello con salarios bajos.
Las consecuencias sociales son evidentes. Una economía que crece cada año pero genera un 31,2 % de la población en riesgo de pobreza, un 10 % en pobreza severa —más de 200.000 personas— y una pobreza infantil del 44 %, las mayores tasas de abandono escolar y universitario, las mayores tasas de problemas de salud mental vinculada al modelo económico precariedad, la renta per cápita de las más bajas dentro de las RUP. La lista es más larga, me dice – “No es normal”, resume.
“Estamos batiendo récords negativos mientras seguimos aceptando que otros decidan por nosotros”.
Para Ricardo, la diferencia entre gestionar y gobernar es clara. “Pedir recursos económicos y resignarse no es afrontar la realidad. Gobernar es decidir sobre las áreas estratégicas que definen el bienestar colectivo”.
La conversación se vuelve más personal cuando aparece la juventud.
“A muchos jóvenes se les está diciendo, sin decirlo, que su futuro está fuera”. No por falta de talento, sino porque aquí no pueden construir un proyecto de vida viable.
El arraigo, explica, no es un concepto simbólico. “Tiene que ver con poder vivir en tu tierra con dignidad”.
Cuando se le pregunta si Canarias tiene salida, no hay derrotismo en su rostro. Tampoco triunfalismo.
-“Canarias no está condenada”, afirma. “Pero hay que elegir. O seguir gestionando la dependencia con decretos que no incomodan a nadie, o asumir la responsabilidad de decidir aquí nuestros asuntos estructurales”.
La charla termina sin grandes frases finales. Solo una idea que queda flotando, casi como una conclusión compartida.
“La pregunta ya no es si se puede decidir más. La pregunta es si queremos hacerlo”.
Porque, añade antes de levantarse para marcharse, sin elevar la voz, “sin capacidad de decisión propia no hay avances reales, y sin avances reales no hay un proyecto de vida digno para la mayoría”.
