Nota de Prensa
Cuestionamos que el Archipiélago continúe asumiendo su condición de frontera exterior de Schengen en el Atlántico y puerta de entrada al espacio europeo, sin capacidad propia de decisión sobre sus consecuencias demográficas, territoriales y sociales.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2026.
Desde Liberación Canaria consideramos necesario abrir un debate jurídico y político sobre la aplicación del Espacio Schengen en Canarias, partiendo de una realidad poco conocida. Seis de las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea están fuera de Schengen.
Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, San Martín, Reunión y Mayotte son territorios franceses que mantienen un régimen diferenciado de fronteras y visados. Canarias, Azores y Madeira sí están integradas en Schengen.
Este precedente demuestra que la condición de RUP es compatible con la exclusión de dicho espacio. Su fundamento jurídico se encuentra, para Francia, en el artículo 138 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.
¿Por qué Canarias no puede negociar un régimen semejante, adaptado a sus propias circunstancias?
Nuestra integración en Schengen nos obliga a aplicar las normas comunes de control de sus fronteras exteriores. Por nuestra posición geográfica frente a la costa occidental africana, constituimos una puerta de entrada al espacio europeo a través de una de las rutas migratorias marítimas más peligrosas del mundo.
Consideramos que esta condición puede constituir un factor adicional de atracción para quienes buscan alcanzar territorio europeo.
Como Archipiélago, asumimos importantes consecuencias humanitarias, administrativas y sociales de nuestra posición fronteriza, mientras las decisiones fundamentales sobre inmigración, extranjería y control de fronteras corresponden al Estado español y a las instituciones europeas.
No podemos aceptar que nuestra función como frontera estratégica europea prevalezca sobre las necesidades de la población canaria y las limitaciones de nuestro territorio insular, fragmentado y sometido a una creciente presión sobre la vivienda, el agua, los servicios públicos y los ecosistemas.
Desde Liberación Canaria proponemos abrir una negociación articulada en tres ámbitos fundamentales.
Primero. Solicitar la salida de Canarias del Espacio Schengen.
Instamos al Gobierno de Canarias a que solicite formalmente al Estado español que promueva ante las instituciones de la Unión Europea la exclusión del Archipiélago del Espacio Schengen, tomando como precedente el régimen excepcional de las seis RUP francesas.
Segundo. Un marco jurídico propio de residencia y establecimiento.
Proponemos negociar con la Unión Europea, conjuntamente con el Estado español, las modificaciones del actual marco jurídico que nos permitan disponer de competencias e instrumentos específicos para ordenar el crecimiento poblacional, regular la residencia y el establecimiento, proteger el acceso de la población canaria a la vivienda y adecuar nuestro desarrollo económico a la capacidad de carga de cada isla, con las garantías jurídicas correspondientes.
Planteamos esta negociación vinculada a nuestra propuesta de avanzar hacia una asociación especial con la Unión Europea como País y Territorio de Ultramar (PTU).
Tercero. Un nuevo marco jurídico y competencial con el Estado español.
Defendemos la negociación de un acuerdo que reconozca mayores cuotas de autogobierno y competencias efectivas para Canarias en materia de extranjería, políticas migratorias y planificación demográfica, incluyendo la atribución de funciones de vigilancia y control fronterizo a la Policía Canaria.
Consideramos que este nuevo marco debe contemplar la transferencia o delegación de competencias mediante ley orgánica, conforme a los mecanismos previstos en la Constitución, así como las demás reformas jurídicas que resulten necesarias para garantizar su ejercicio efectivo.
Solicitamos al Gobierno de Canarias que impulse un estudio jurídico sobre las seis RUP francesas excluidas de Schengen, sus competencias y las posibilidades de adaptar sus regímenes a nuestra realidad.
Los precedentes europeos demuestran que existen diferentes formas de integración territorial en la Unión Europea.
Reclamamos para Canarias la capacidad de negociar un marco jurídico que responda a nuestras necesidades y nos permita disponer de instrumentos efectivos para ordenar nuestro desarrollo, proteger nuestros recursos y garantizar servicios públicos sostenibles.
Defendemos el derecho de la población canaria a vivir, trabajar, formar una familia y desarrollar su proyecto de vida en su propio país, con capacidad para decidir sobre las cuestiones fundamentales que condicionan su futuro.
