Nota de prensa
La organización Liberación Canaria reclama al Gobierno español que no autorice la operación sin una evaluación exhaustiva de sus riesgos y plantea un nuevo marco jurídico que permita a Canarias decidir sobre sus puertos, garantizar su abastecimiento y proteger su futuro económico atlántico.
Liberación Canaria manifiesta su preocupación ante la anunciada adquisición por la empresa marroquí Marsa Maroc del 45 % de Boluda Maritime Terminals, por un importe de 80 millones de euros, una operación que afecta a terminales situadas en los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma.
La operación, pendiente de autorización por el Gobierno español según las últimas informaciones publicadas, plantea interrogantes sobre la seguridad económica, la competitividad portuaria, la protección de información comercial estratégica y la capacidad de Canarias para garantizar su abastecimiento y defender sus intereses.
Liberación Canaria considera inaceptable que decisiones empresariales y estratégicas de esta trascendencia para el Archipiélago puedan resolverse sin una participación efectiva y determinante de las instituciones canarias.
Los puertos constituyen infraestructuras vitales para nuestro país. De ellos dependen el suministro de alimentos, medicamentos, combustibles, materias primas y bienes esenciales, además de miles de puestos de trabajo y numerosas actividades vinculadas al transporte, la logística, la reparación naval, el comercio y la industria.
Cualquier decisión que pueda afectar a su funcionamiento y desarrollo exige considerar prioritariamente las necesidades económicas y sociales de Canarias.
Marruecos desarrolla su estrategia portuaria mientras Canarias necesita mayor capacidad de decisión
La entrada de Marsa Maroc debe analizarse dentro de la expansión portuaria y logística que Marruecos impulsa en el entorno atlántico, particularmente mediante proyectos como Dajla Atlántico, situado en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización conforme a Naciones Unidas.
Estas infraestructuras pueden competir con los puertos canarios por tráficos marítimos, inversiones, rutas comerciales y servicios logísticos.
Aunque una participación accionarial minoritaria no implica automáticamente el control de las instalaciones ni acredita un desvío de tráficos, puede otorgar influencia sobre determinadas decisiones empresariales y acceso a información comercial de relevancia estratégica.
Por ello, Liberación Canaria exige que se investiguen los posibles conflictos de intereses, los derechos de decisión de los nuevos accionistas y las consecuencias económicas y comerciales de la operación.
Canarias necesita conocer qué garantías existen para evitar que decisiones adoptadas por grandes grupos empresariales puedan perjudicar su competitividad, su empleo y su seguridad logística.
Exigimos garantías y decisiones transparentes
Liberación Canaria solicita al Gobierno español que no conceda autorización definitiva mientras no exista una evaluación completa, independiente y suficientemente documentada de los riesgos.
Exigimos, en particular:
- Un informe integral de seguridad económica y portuaria, que examine los efectos sobre el abastecimiento, el empleo, la competencia, las inversiones y la conectividad marítima.
- La participación formal de las instituciones canarias y de las autoridades portuarias afectadas en la evaluación de la operación.
- Garantías sobre el acceso a información estratégica, los derechos societarios, la continuidad operativa y los posibles conflictos de intereses.
Defendemos que el Gobierno español deniegue motivadamente la autorización.
Proponemos soberanía portuaria canaria y un nuevo modelo de desarrollo atlántico
Para Liberación Canaria, este acontecimiento pone de manifiesto un problema estructural respecto de la limitada capacidad de decisión de Canarias sobre las infraestructuras estratégicas y esenciales para su soberanía económica.
Nuestra organización propone negociar un nuevo marco jurídico y competencial Canarias–Estado que permita alcanzar una gestión portuaria canaria efectiva.
Defendemos la creación de una Autoridad Canaria de Gestión Estratégica de Puertos y Aeropuertos, con competencias suficientes para planificar, gestionar y desarrollar las infraestructuras estratégicas del Archipiélago, mediante las transferencias, acuerdos y reformas jurídicas necesarias.
Esta propuesta forma parte de nuestro propuesta de Autonomía Plena Interna para avanzar hacia la soberanía del mar canario, sus recursos y riquezas , así como de la negociación de una relación diferenciada con el Estado español y la Unión Europea, incluyendo nuestra propuesta de asociación especial como País y Territorio de Ultramar (PTU).
Apostamos por recuperar y modernizar el modelo histórico de Puertos Francos, desarrollar plataformas logísticas internacionales, fortalecer la industria y la economía azul, impulsar la reparación naval y establecer nuevas relaciones comerciales con África Occidental, Europa y América.
La soberanía portuaria debe traducirse en capacidad real para generar empleo, diversificar nuestra economía, reducir vulnerabilidades y asegurar que la riqueza producida por nuestros puertos revierta en la sociedad canaria.
Liberación Canaria defiende la cooperación económica y las relaciones de buena vecindad con Marruecos y los países africanos, desde el respeto mutuo pero bajo la defensa de los intereses de Canarias.
Nuestro Archipiélago cuenta con una posición geográfica excepcional y con profesionales y empresas capaces de desarrollar una plataforma logística atlántica de referencia.
Para aprovechar esas oportunidades necesitamos instrumentos propios de planificación, inversión, regulación y decisión.
Canarias debe tener capacidad efectiva para decidir sobre sus puertos, proteger su abastecimiento y orientar su desarrollo económico. Su futuro atlántico exige una política portuaria propia, competencias reales y una estrategia de país.
CANARIAS, NUESTRA PRIORIDAD.
