Comunicado de Liberación Canaria
Imagina que trabajas todo el año en un negocio, generas beneficios, pero al final esos beneficios se van a otra parte y tu barrio apenas ve el retorno.
Eso, a grandes rasgos, es lo que le pasa a Canarias con buena parte de su riqueza. Por eso cada vez más voces reclaman una Hacienda Canaria Plena, con capacidad para decidir, recaudar, gestionar y planificar su propia fiscalidad.
No se trata solo de recaudar más, sino de algo mucho más básico, es saber con precisión qué riqueza se genera en las Islas, quién se la lleva, dónde paga impuestos por ella y qué le devuelve realmente a la sociedad canaria.
Empecemos por los números que ya conocemos.
En 2025, la recaudación tributaria líquida en Canarias rondó los 8.831,7 millones de euros. De esa cifra, 4.782,6 millones los recaudó la AEAT (la Agencia Tributaria estatal) y 4.049,1 millones la Administración Tributaria Canaria.
Un año antes, en 2024, el total fue de 7.941,86 millones, así que el crecimiento ha sido de casi 890 millones en solo doce meses.
Esto ya nos deja una primera idea clara. Aunque no se creara ni un impuesto nuevo, con solo unir en una sola caja lo que hoy gestionan por separado la Agencia Tributaria española y la canaria, hablaríamos de un presupuesto fiscal cercano a los 8.800 millones de euros al año.
Ahí entrarían el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de No Residentes, el IVA residual, los impuestos especiales, el tráfico exterior, el IGIC, el AIEM, los tributos cedidos y las tasas e impuestos propios.
Pero esa cifra, siendo grande, es solo una parte visible del modelo actual de tributación, el potencial es mucho mayor.
Hay mucha riqueza que se genera en Canarias y que, sin embargo, no tributa aquí de forma proporcional.
¿Por qué pasa esto?
La explicación técnica es sencilla de entender.
El impuesto sobre sociedades se paga allí donde una empresa tiene su sede fiscal, sobre el conjunto de todo lo que gana en cualquier lugar donde opere.
Así que, si una gran cadena, un banco, una aseguradora o una cadena hotelera venden, ganan clientes y usan nuestras carreteras, nuestras playas y nuestra mano de obra, pero su sede está en la Península o en el extranjero, el beneficio que generan aquí se mezcla con las cuentas globales del grupo y termina tributando fuera del Archipiélago.
Hablamos de nombres que todos reconocemos como cadenas de alimentación como Carrefour, Alcampo, Lidl, Aldi, Mercadona, Hiperdino o El Corte Inglés; bancos como CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter; aseguradoras como Mapfre, Allianz o AXA; grandes hoteleras y operadores turísticos como Meliá, Barceló, RIU, Iberostar, TUI o Jet2holidays; además de energéticas, tecnológicas, logísticas y franquicias que mueven aquí mucho dinero sin que toda esa rentabilidad tenga una tributación diferenciada en las Islas.
Y ahí está el fondo del asunto.
Canarias no puede seguir funcionando como un mercado del que se extrae riqueza para que acabe tributando en otro sitio.
Quien hace negocio en nuestro territorio debería contribuir aquí, en proporción a lo que gana aquí.
El caso del turismo, el motor que menos se queda en casa.
El turismo es el ejemplo más claro. Genera millones de pernoctaciones, beneficios hoteleros, actividad inmobiliaria, transporte, restauración y todo un ecosistema de servicios.
Sin embargo, gran parte de las grandes cadenas hoteleras, operadores y fondos que se benefician de ese movimiento tienen su centro de decisión y tributación fuera de Canarias.
Lo mismo ocurre con bancos que operan mediante sucursales o con empresas energéticas y de distribución gestionadas desde fuera.
A esto se suman otras fuentes de ingresos que hoy están poco aprovechadas desde una fiscalidad propiamente canaria como los puertos, aeropuertos, logística, comercio exterior, tránsito marítimo, economía digital, plataformas turísticas y el uso intensivo de nuestro territorio y litoral. Herramientas como una tasa por pernoctación turística, un gravamen a cruceristas o figuras ambientales ligadas a la capacidad de carga del territorio podrían formar parte de esa fiscalidad propia.
¿Qué haría falta para cambiarlo?
Una Hacienda Canaria Plena permitiría identificar con precisión dónde se genera esa riqueza y gravarla de forma justa.
Para eso haría falta una regla clara básica: operar en Canarias requeriría tener sede social y fiscal obligatoria en el Archipiélago.
La recaudación actual, cercana a los 8.800 millones, ya es una cifra importante. Pero si sumamos la tributación efectiva de los beneficios que generan en Canarias las grandes empresas con sede fuera, más nuevos ingresos turísticos, portuarios, aeroportuarios, energéticos y ambientales, el potencial fiscal real sería bastante mayor que el actual.
Para qué serviría todo esto
Una Hacienda Canaria Plena serviría para financiar mucho mejor la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia, la transición energética, el agua, la movilidad, la innovación, el sector primario y la industria local. Y, sobre todo, permitiría diseñar una fiscalidad pensada para lo que realmente somos, un archipiélago con un territorio limitado, sometido a una presión demográfica y turística muy superior a su capacidad real.
En el fondo, la idea es sencilla. La riqueza que se genera en Canarias debería quedarse, en buena medida, en Canarias.
Quien hace negocio aquí debería contribuir al sostenimiento de esta sociedad.
Convertir actividad económica en retorno social, en derechos, en servicios públicos y en futuro para la gente de las Islas. Esa es, al final, la razón de una Hacienda Canaria Plena.
