Ana Alicia González Marrero
Área de inclusión e igualdad de Liberación Canaria
Finaliza junio y llegan las vacaciones de verano. Para muchas familias debería ser tiempo de descanso, convivencia y recuperación. Sin embargo, en Canarias, para miles de niños, niñas y adolescentes, el verano también significa perder uno de los apoyos básicos del curso escolar como es el comedor.
La pobreza infantil no se detiene cuando cierran los centros educativos. Al contrario, se vuelve más visible.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, EAPN, aporta un dato que debería sacudir cualquier agenda pública ya que el 40,2 % de los niños, niñas y adolescentes de Canarias viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Hablamos de más de 90.000 menores cuya infancia está condicionada por la precariedad.
En términos generales, el 31,2 % de la población canaria, unas 700.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Es una realidad estructural que atraviesa hogares, barrios, municipios e islas, y que marca de forma directa la alimentación, la salud, la educación, la convivencia familiar y las expectativas de futuro.
Sin comedor escolar, muchas familias pierden una garantía mínima de alimentación saludable. Una comida equilibrada es desarrollo físico, capacidad de aprendizaje, estabilidad emocional y prevención de enfermedades. Cuando falta una dieta adecuada, la infancia lo paga en el cuerpo, en la concentración, en el descanso y en la autoestima.
Ir al supermercado se ha convertido en una fuente de angustia para muchas familias canarias. Comprar pescado, carne, frutas y verduras con regularidad resulta cada vez más difícil para quienes viven con salarios bajos, empleos inestables, alquileres abusivos o ayudas insuficientes.
Cuando la economía familiar no llega, se recorta en calidad alimentaria y los menores quedan expuestos a una desigualdad que afecta a su salud presente y futura.
Por eso resulta alarmante la obesidad infantil en Canarias. No puede explicarse solo desde los hábitos familiares. Muchas familias compran lo que pueden, no lo que deberían. La bollería, el arroz, la pasta, los jugos embotellados con exceso de azúcar y otros productos baratos de baja calidad nutricional ganan terreno porque son más accesibles para bolsillos agotados.
La pobreza también enferma por exceso de azúcar, por exceso de harinas refinadas y por falta de alimentos frescos.
La desigualdad social deteriora la convivencia familiar. La preocupación permanente por pagar el alquiler, llenar la nevera, mantener el empleo o llegar a fin de mes convierte muchos hogares en espacios de tensión. Donde debería haber seguridad, descanso y afecto, demasiadas veces hay ansiedad, discusiones y supervivencia diaria.
Esta vulnerabilidad, agravada por la crisis de la vivienda y la precariedad laboral, aumenta el riesgo social. La pobreza no genera automáticamente violencia, pero sí incrementa el estrés, el aislamiento, la dependencia económica y la dificultad para pedir ayuda a tiempo. Cuando una familia vive al límite, cualquier imprevisto puede convertirse en ruptura.
El cierre del curso agrava el problema porque deja a muchos menores sin el respaldo nutricional diario de los centros educativos. Además, existe una cuestión especialmente grave pues al pasar al instituto, buena parte del alumnado deja de contar con comedor en su centro. La pobreza alimentaria no termina a los doce años. Los adolescentes también necesitan alimentación adecuada.
El Gobierno de Canarias mantiene o ha impulsado medidas como becas comedor, cuota cero, tarjetas alimentarias, desayunos escolares o programas vinculados a periodos no lectivos.
El problema es que esas medidas no han conseguido romper la estructura que reproduce la pobreza infantil en Canarias.
La cuestión de fondo es por qué tantas familias llegan al verano sin ingresos suficientes, sin estabilidad laboral, sin capacidad para comprar alimentos saludables y sin una red pública de apoyo familiar que actúe antes de que la situación sea extrema.
La pobreza infantil se combate cambiando las condiciones materiales que la producen. Canarias necesita una política estructural de infancia, adolescencia y familia, con objetivos verificables, presupuesto propio, coordinación institucional y evaluación pública.
No basta con gestionar emergencias; hay que reducir de forma sostenida la pobreza, la privación material, la inseguridad alimentaria y la desigualdad de oportunidades.
El primer cambio debe situarse en la garantía de ingresos que deben responder al coste real de vivir en Canarias. No puede tratarse igual a una familia con menores que a un hogar sin cargas familiares. La política de rentas debe incorporar complementos suficientes por infancia, adolescencia, monoparentalidad, discapacidad, alquiler y carestía alimentaria.
El objetivo no debe ser administrar pobreza, sino impedir que una familia con menores caiga por debajo de un umbral de vida digna.
Ninguna política contra la pobreza infantil será seria mientras miles de familias destinen una parte abusiva de sus ingresos al alquiler o vivan en inseguridad residencial. Si un hogar paga demasiado por tener techo, recorta en comida, salud, transporte, actividades educativas y estabilidad emocional. La infancia también se protege garantizando un hogar seguro.
Canarias necesita vivienda pública, alquiler social y protección residencial prioritaria para familias con menores vulnerables.
También debe movilizar vivienda vacía hacia alquiler asequible, frenar la expulsión de familias de sus barrios y actuar con firmeza frente a los usos especulativos que presionan el mercado residencial. No habrá infancia protegida si las familias viven bajo amenaza constante de pérdida de vivienda.
En Canarias hay hogares donde se trabaja y aun así no se llega. Eso demuestra que el problema no se limita a la falta de empleo, sino también a la mala calidad del empleo. Temporalidad, bajos salarios, parcialidad no deseada y sectores de bajo valor añadido mantienen a muchas familias atrapadas en la pobreza laboral.
Combatir la pobreza infantil exige una estrategia canaria de empleo familiar digno.
Los hogares en situación pobreza y exclusión social con menores deben tener prioridad en programas de inserción laboral, formación remunerada, recualificación profesional y empleo estable vinculado a actividades de utilidad social y económica.
Canarias no puede limitarse a repartir ayudas para comprar comida mientras la cesta básica sigue encarecida, la producción local continúa debilitada y los alimentos saludables resultan inaccesibles para demasiadas familias.
La pobreza alimentaria infantil debe abordarse desde el precio de los alimentos, la soberanía alimentaria, el apoyo al sector primario y la distribución de proximidad.
Si los alimentos frescos son caros y los productos de peor calidad son baratos, el sistema empuja a las familias empobrecidas hacia dietas peores.
La solución estructural pasa por facilitar el acceso a fruta, verdura, pescado, carne, huevos, legumbres y productos saludables; fortalecer la producción canaria; y conectar la alimentación infantil con una economía local que genere empleo y valor en las islas.
Los ayuntamientos son la primera puerta de entrada para muchas familias, pero trabajan con sobrecarga, escasez de personal y exceso de burocracia. No se puede pedir prevención, acompañamiento e intervención familiar si los equipos están al límite. No basta con tramitar ayudas; hay que acompañar procesos familiares, detectar riesgos, coordinar escuela, salud y servicios sociales, y actuar antes de que el daño se cronifique.
Muchos programas públicos miran la pobreza desde Infantil y Primaria, mientras la adolescencia queda en una zona gris.
Una política seria de juventud vulnerable debe conectar alimentación, salud mental, orientación educativa, deporte, cultura, Formación Profesional, empleo joven y participación comunitaria. Un adolescente en situación de pobreza necesita una trayectoria posible con dignidad.
La precariedad sostenida desgasta, tensiona y rompe vínculos. Muchos menores viven en hogares donde los adultos están sobrepasados por el alquiler, la comida, el paro, las deudas y los trámites. Eso afecta al desarrollo emocional, al rendimiento escolar y a la convivencia.
Por eso deben reforzarse el apoyo psicológico comunitario, la mediación familiar, la educación emocional, los espacios de crianza positiva y el acompañamiento a familias monomarentales y hogares con menores en situación de especial vulnerabilidad.
La pobreza infantil necesita financiación estable, protocolos claros y responsabilidades definidas. Cada institución debe saber qué le corresponde hacer, con qué recursos, en qué plazo y con qué indicadores de cumplimiento.
Canarias necesita un mapa público de pobreza infantil y juvenil por islas, municipios, barrios y tramos de edad. Sin datos territorializados, la respuesta pública llega tarde, mal o de forma desigual. Hay que saber dónde se concentra la vulnerabilidad, qué familias quedan fuera de las ayudas, qué adolescentes desaparecen del sistema y qué municipios están saturados. Lo que no se evalúa no se corrige.
El Gobierno de Canarias no puede conformarse con sostener a las familias mediante ayudas que alivian, pero no transforman su realidad. Las ayudas son imprescindibles cuando una familia no puede cubrir lo básico, pero deben formar parte de una estrategia más amplia que abarque empleo digno, vivienda asequible, alimentación saludable, formación, conciliación, salud comunitaria, servicios sociales reforzados y protección efectiva de la infancia.
El modelo económico canario debe entrar en el centro del debate. Una tierra que genera riqueza no puede aceptar como normal que más de 90.000 menores vivan en riesgo de pobreza o exclusión social.
Canarias debe dejar de gestionar la pobreza como una consecuencia inevitable y empezar a combatirla como una prioridad de país. La pobreza infantil se corrige con poder público, presupuesto, planificación, vivienda, empleo, servicios sociales, soberanía alimentaria y una economía al servicio de la vida de la población canaria.
Dar de comer bien a nuestros niños y niñas durante las vacaciones es urgente. Pero quedarse solo ahí sería insuficiente. La verdadera responsabilidad política consiste en construir una Canarias donde las familias no lleguen cada verano al borde del abismo, donde trabajar permita vivir, donde criar no sea una carrera de obstáculos, donde la vivienda no expulse, donde alimentarse bien no sea un privilegio y donde ningún menor crezca condenado por la pobreza de su hogar.
La pobreza no se va de vacaciones. La responsabilidad política tampoco debería hacerlo.
