Respaldamos el manifiesto ciudadano por la universidad pública canaria y ponemos sobre la mesa la pregunta que nadie hace: ¿quién va a garantizar ese dinero si Canarias no controla sus propios recursos?
Comunicado Liberación Canaria
Canarias tiene dos instituciones que han cambiado la vida de miles de familias: la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante décadas han sido el único camino real hacia la igualdad de oportunidades en estas islas, el lugar donde el apellido o el dinero de tu familia no decidía si podías formarte, investigar o labrarte un futuro digno aquí, en tu tierra. Desde Liberación Canaria respaldamos el manifiesto ciudadano que reclama su defensa. Y lo hacemos poniendo el foco donde corresponde: en el Gobierno de Canarias.
La financiación de la ULL y la ULPGC es competencia del Gobierno autónomo de Canarias. El articulo 55 de la LOSU le obliga a destinar al menos el 1 % del PIB a la universidad publica antes de 2030. No es una petición, es una obligación legal que el Gobierno de Canarias no esta cumpliendo.
Esto es importante decirlo con claridad porque a veces el debate se confunde: la universidad pública canaria no depende de Madrid en materia presupuestaria, depende del Parlamento y el Gobierno de Canarias. Son ellos quienes aprueban cada año los presupuestos de la ULL y la ULPGC. Son ellos quienes llevan años sin establecer una senda de crecimiento estable hacia ese 1 %. Y son ellos, por tanto, quienes deben responder ante la ciudadanía canaria por ese incumplimiento.
No vale mirar a otro lado ni esperar que venga el dinero de fuera. El Gobierno de Canarias tiene hoy competencias suficientes para priorizar la educación superior en sus presupuestos. Lo que falta no es competencia: es voluntad política. Mientras se destinan recursos a otras partidas, las universidades canarias acumulan años de estrangulamiento desde la crisis de 2008 sin que ningún ejecutivo autonómico haya trazado un plan creíble para revertirlo.
«Una universidad bien financiada es una universidad independiente.» Eso depende de decisiones que se toman en el Parlamento de Canarias, no en Madrid.
Ahora bien, desde LC también somos honestos con una realidad estructural: el Gobierno de Canarias decide como gasta, pero tiene margen limitado para decidir cuanto ingresa. El sistema de financiación autonómica hace que Canarias reciba del Estado menos de lo que aporta, con escasa capacidad para corregirlo. Ahí es donde entra la propuesta de Hacienda Canaria propia: no para que Madrid nos de más, sino para que Canarias recaude directamente sus tributos, como hacen el País Vasco y Navarra, y pueda decidir soberanamente en qué invertir sus propios recursos. Con más recursos propios, la senda hacia ese 1 % del PIB para las universidades no sería un esfuerzo de recorte en otras partidas, sino una decisión estratégica sostenible.
Desde LC entendemos el bienestar social no como caridad sino como inversión estratégica. Canarias necesita diversificar su economía, generar empleo cualificado propio y retener el talento que hoy se marcha por falta de oportunidades. Nada de eso se construye sin universidades públicas fuertes. Y eso empieza por exigirle al Gobierno de Canarias que cumpla la ley, y por construir un modelo fiscal que le dé a este pueblo los recursos que necesita para hacerlo bien.
Por eso llamamos a la ciudadanía a firmar este manifiesto. Lo que está en juego no es el presupuesto de dos instituciones. Es el derecho de las próximas generaciones a formarse aquí, a investigar aquí, a construir su vida aquí.
Firma aquí: https://adhesiones.uuppcc.es/
