Ana Alicia González
Miembro de Liberación Canaria
En la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por el Gobierno/Estado español el 23 de noviembre de 2007 se reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano. En dicha ratificación fruto de la Convención, España y por defecto Canarias, se comprometieron a dotar a las personas con discapacidad desde edades tempranas de sistemas de comunicación al menor costo posible, formación a los profesionales que trabajan con éste colectivo, concienciar y formar a la sociedad sobre sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a través de la escuela, las instituciones públicas y privadas debían facilitar el acceso a la comunicación como un derecho fundamental de toda persona con discapacidad que se comunica con lengua de signos u otras formas de comunicación no verbal, aclarando que el concepto de “discapacidad” está en continua evolución y no debería inferir al valor personal y social de cada individuo. Actualmente, este compromiso con base legal no se ha desarrollado en Canarias viéndose afectados un elevado número de personas.
El uso de los Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, en instituciones públicas y privadas es fundamental para garantizar el derecho a la comunicación, la accesibilidad y la participación activa de las personas con discapacidad.
Para llevar a cabo una verdadera inclusión de las personas con discapacidad a nivel social (independientemente del carácter que la produzca: ceguera, sordera, sordoceguera, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, lesiones neurológicas, ELA, etc.),es necesario que en todas las instituciones públicas y privadas (centros de enseñanza, juzgados, centros sanitarios, cuerpos de seguridad, etc…)los profesionales hagan uso y sean conocedores, de la lengua de signos, Braile, la comunicación táctil, los dispositivos electrónicos, etc.
Para conseguir, una inclusión real debemos comenzar por enseñar los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para que esto se vaya normalizando a nivel social. La escuela tiene un papel crucial para esparcir el uso normalizado de la comunicación no verbal y por tanto, una mejor inclusión en la sociedad de este colectivo de personas con derechos.
El incumplimiento del acuerdo llegado en la Convención y la falta de implicación del gobierno canario hace que las personas con discapacidad sean un colectivo con alto riesgo de exclusión social. Personas a las que se le niega la posibilidad de acceder al empleo, el derecho a votar, a declarar en un juicio, a recibir atención sanitaria donde el paciente con discapacidad se pueda comunicar con el clínico, y otros profesionales. En definitiva, se vulneran los derechos de cientos de canarios/as todos los días y parece que al gobierno actual, no le importa ni se implica en la búsqueda de respuestas.
Tomar conciencia y buscar soluciones, no pueden esperar más tiempo, ya se les ha negado el cumplimiento de sus derechos a muchas generaciones de canarios/as con discapacidad. La inclusión no puede quedar en una ilusión, sino en una realidad visible y normalizada.
