Ricardo González-Roca Fonteneau
Secretaría General Liberación Canaria
Hablar de conciencia canaria de país y de nación no es una cuestión que pueda reducirse a lo meramente teórico.
Hoy, es una necesidad práctica, porque muchas de las decisiones que condicionan la vida cotidiana de la población canaria se toman lejos del territorio y limitan nuestra capacidad de decidir sobre materias fundamentales para nuestro devenir colectivo.
Nombrar lo que somos ayuda a ordenar el debate público y nos obliga a pensar con mayor responsabilidad colectiva como sociedad y como pueblo diferenciado con derecho a ejercer como sujeto político nuestra capacidad de decisión.
Un país es una comunidad organizada que gestiona su territorio, su población y sus recursos a través de sus instituciones y gobierno. Existe cuando una sociedad decide sobre su modelo económico, su planificación territorial, sus servicios públicos y su futuro.
Desde esta definición Canarias sí es un país pero en construcción.
Una nación se construye desde otro plano. Nace desde la identidad compartida, de la memoria histórica, de la cultura común y del sentimiento de pertenencia y arraigo que une a una comunidad humana a lo largo del tiempo.
Aplicar estas ideas a Canarias invita a una mirada honesta y a una reflexión serena.
¿Reúne Canarias los elementos esenciales de una nación? La respuesta es afirmativa.
Existe un territorio definido, una historia singular, una identidad cultural reconocible y una voluntad clara de seguir existiendo como comunidad con futuro.
Esa conciencia, a veces silenciosa y otras explícita, forma parte del día a día de la sociedad canaria actual.
La cuestión del país plantea mayores exigencias. Canarias puede considerarse un país, aunque se trata , a todas luces, de un país inacabado o en proceso.
Dispone de instituciones propias y capacidad de gestión en numerosos ámbitos. Sin embargo, las decisiones que condicionan de forma estructural la vida de la población no se toman plenamente desde aquí.
La política demográfica y de residencia, los flujos migratorios, el marco de relaciones exteriores, la gestión estratégica de puertos y aeropuertos, la capacidad fiscal profunda, la regulación estructural del mercado de la vivienda o la protección del mercado laboral canario, la gestión económica de la soberanía del mar canario , todo ello dependen en gran medida de instancias y marcos regulatorios externos ,así como el marco de regulación de las relaciones con la Unión Europea.
Esta realidad se comprende mejor cuando se incorpora un elemento clave como es la condición archipielágica.
Canarias no es un territorio continuo. Es un Archipiélago, un conjunto de islas con necesidades distintas, conectadas entre sí y dependientes de la movilidad y de una planificación equilibrada.
Vivir en un archipiélago implica mayores costes, retos logísticos permanentes y una gestión del territorio y de población que exige cooperación entre islas y visión de conjunto.
La realidad archipielágica condiciona el acceso a la sanidad, a la educación, al empleo, a la vivienda y al desarrollo económico.
Cuando se gestiona sin una estrategia clara, genera desigualdades internas y desequilibrios territoriales.
Cuando se gobierna con criterio, se convierte en una fortaleza basada en la cooperación y el equilibrio.
Pensar Canarias como país exige asumir esta complejidad. Se trata de un país en construcción, con gobierno, pero sin un autogobierno real dotado de las mayores cotas de soberanía o de capacidad de decisión en áreas y sectores estratégicos que condicionan nuestras vidas.
Esta situación conduce a una gestión basada en administrar las consecuencias mediante parches, que cronifica los problemas estructurales y posterga las decisiones de fondo por falta de margen jurídico y político.
La unidad del archipiélago no nace de la homogeneidad, sino de la coordinación consciente entre islas, por lo tanto ,gobernar bien un archipiélago implica planificar desde una lógica de red, donde cada isla cuenta y ninguna queda relegada.
La realidad actual muestra una Canarias que gestiona lo cotidiano y que encuentra límites en lo estructural.
Existe gobierno, sí pero con márgenes reducidos que condicionan la calidad de vida y la cohesión social. Reconocer esta situación permite centrar el debate en lo esencial que es ampliar la capacidad de decisión real y avanzar hacia mayores cotas de autogobierno real, con responsabilidad y visión de futuro.
La pregunta que queda abierta es sencilla y profunda a la vez.
¿Queremos seguir adaptándonos a decisiones tomadas fuera o avanzar hacia una mayor responsabilidad colectiva sobre el lugar que habitamos?
Responderla forma parte de la madurez política de una sociedad archipielágica canaria que aspira a decidir con mayor conciencia su propio rumbo como país y como nación.
