Ricardo González-Roca Fonteneau
Secretaría General Liberación Canaria
El argumento de que la riqueza en Canarias ha crecido gracias a la integración en la Unión Europea no se sostiene cuando se analizan los datos reales y su impacto social.
Desde la plena integración europea, el PIB canario ha aumentado en términos agregados.
La prensa, muy voluntariosa, insiste en que Canarias ha multiplicado por diez su riqueza desde su incorporación a la Unión Europea, construyendo titulares que pretenden proyectar una imagen de éxito económico.
Sin embargo, ese relato obvia de forma sistemática un análisis riguroso, objetivo y crítico de la realidad socioeconómica canaria.
El crecimiento del PIB no equivale a bienestar social ni a oportunidades reales de progreso.
Tampoco implica un aumento de la renta per cápita ni una mejora del índice de calidad de vida, ámbitos en los que Canarias ocupa posiciones de cola.
De hecho, la renta per cápita canaria ha disminuido aproximadamente un punto porcentual en los últimos veinte años de pertenencia a la Unión Europea, alejándonos de la cohesión social y convergencia económica , es decir , un dato difícilmente compatible con la narrativa del progreso compartido.
Hoy, los salarios en Canarias son un 36,5 % más bajos que la media de la Unión Europea y el poder adquisitivo se sitúa en torno a un 25 % por debajo.
Esta brecha estructural explica por qué trabajar ya no garantiza una vida digna y por qué el Archipiélago presenta algunos de los niveles más elevados de pobreza y exclusión social de toda la UE.
El informe AROPE es especialmente revelador porque un 32–33 % de la población se sitúa en riesgo de pobreza y exclusión social, un 10 % en pobreza severa y un 44 % de pobreza infantil.
Estos datos no avalan ningún discurso triunfalista sobre el crecimiento de la riqueza.
Canarias es, además, la Región Ultraperiférica con la renta per cápita más baja y una de las que presenta peores indicadores multifactoriales de calidad de vida de toda la Unión Europea.
A ello se suma un desempleo estructural persistentemente por encima del 14 %, que evidencia la incapacidad del modelo económico actual para generar empleo estable y de calidad.
El modelo dominante ha impulsado un crecimiento desbordado del sector turístico, convertido en un factor claramente depredador del bienestar social por su excesiva turistificación del territorio.
La economía crece en volumen, aumentando camas hoteleras y número de visitantes, pero no en calidad.
Del total del gasto turístico cacareado en medios de comunicación solo queda en Canarias el 30% aproximadamente.
Gran parte de la riqueza generada no se queda en Canarias, se repatria fuera y no se traduce en salarios dignos, empleo estable , mejora del poder adquisitivo ni en un tejido productivo diversificado.
Lo que sí ha crecido es la extracción de beneficios generados en Canarias por empresas favorecidas por un modelo que incentiva fiscalmente la actividad, pero que no redistribuye la riqueza ni fortalece la economía local.
Paralelamente, el Archipiélago soporta una presión extrema sobre el territorio, los servicios públicos y las infraestructuras básicas, junto a un encarecimiento desorbitado de la vivienda y una cesta de la compra entre las más caras de la Unión Europea.
Programas como el POSEI o el REA no han resuelto este problema estructural, ya que las ayudas no se ven reflejados en el producto final para llegar de forma efectiva al consumidor canario.
A este escenario se suma una densidad poblacional y una capacidad de carga claramente desbordadas para un territorio limitado y frágil, lo que configura una sobrepoblación insostenible.
El resultado es una emigración forzada, especialmente de población joven y cualificada, expulsada por la falta de oportunidades, los bajos salarios y un mercado de vivienda inaccesible.
Canarias ha recibido fondos europeos, pero estos no compensan la falta de soberanía económica, fiscal y normativa ni corrigen la dependencia exterior ni el estancamiento productivo.
Los fondos alivian coyunturas temporales, pero no transforman las estructuras profundas. Sin capacidad real de decisión, su impacto es limitado y transitorio.
Con este escenario, resulta legítimo y necesario cuestionar la plena integración en los términos actuales.
El marco de relaciones vigente limita la capacidad de Canarias para corregir sus desequilibrios estructurales y para orientar su desarrollo hacia el bienestar colectivo.
La salida pasa por diversificar la economía y el modelo productivo hacia sectores de mayor valor añadido, con mayor capacidad tecnológica, industrial y de conocimiento, y por dotar a Canarias de instrumentos reales para retener la riqueza que genera, mejorar salarios y poder adquisitivo, proteger el territorio, reforzar la cohesión social y garantizar oportunidades reales de progreso.
Seguir creciendo sin cambiar el marco jurídico que nos vincula a la Unión Europea solo profundiza la desigualdad.
El debate es económico, social y de futuro colectivo.
