Comunicado Liberación Canaria
Canarias no puede desarrollar una regulación propia de residencia mientras esté sujeta al Derecho Comunitario y forme parte del mercado interior europeo como Región Ultraperiférica plenamente integrada en la UE.
El motivo es jurídico político y está definido en los principios básicos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que debemos aplicar con el coste que pagamos y pagaremos.
• El artículo 21 reconoce el derecho de cualquier ciudadano europeo a circular y residir en cualquier territorio de la Unión.
• El artículo 45 garantiza la libre circulación de trabajadores.
• El artículo 49 protege la libertad de establecimiento.
• El artículo 63 prohíbe restricciones a los flujos de capital, que incluyen la compra de vivienda.
Estos artículos operan en conjunto y hacen imposible que Canarias como RUP establezca requisitos de residencia o límites a la movilidad sin un marco jurídico diferente al actual como PTU, país y Territorio de Ultramar, un modelos de acuerdo de asociación especial contemplado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desde 1957.
El artículo 349 permite adaptar algunas políticas a las especificidades de las RUP. Sin embargo, estas adaptaciones no modifican las libertades fundamentales ni permiten restricciones a la residencia o a la entrada de ciudadanos europeos.
Por tanto, la capacidad legislativa de Canarias en esta materia es nula.
La realidad demográfica del Archipiélago exige una respuesta que hoy no es posible tal como estamos.
El crecimiento poblacional desordenado, la presión sobre el territorio, la tensión sobre los servicios públicos y las dificultades extremas de acceso a la vivienda necesitan instrumentos jurídicos que permitan ordenar la residencia, planificar la capacidad de carga y proteger a la población canaria que vive en las islas.
Ninguna de estas medidas puede desarrollarse dentro del actual encaje como RUP.
Canarias necesita un marco jurídico diferenciado dentro de España y de la Unión Europea como PTU, País y Territorio de Ultramar, que permita regular la residencia, proteger su equilibrio demográfico, ordenar su desarrollo y dotarse de todas las competencias necesarias para alcanzar mayores cotas de autogobierno real.
Solo así podrá abordar desafíos que hoy resultan inasumibles con el marco vigente.
Esta es la cuestión de fondo. Se trata de voluntad política y del marco legal que condiciona todas las decisiones e impide a Canarias actuar sobre los problemas que comprometen su futuro.
La sociedad civil canaria debe tener conocimiento y conciencia de esta realidad y decidir cómo quiere abordar su futuro inmediato o si prefiere seguir sin avanzar en su propia capacidad de regir su destino.
Estamos a tiempo de iniciar la senda necesaria que permita planificar el crecimiento demográfico de forma responsable dentro de las actuales circunstancias del marco jurídico.
Si no actuamos, no habrá marcha atrás y el deterioro social de la sociedad civil canaria será irreversible.
Cuestión de responsabilidad con nuestra propia historia.
