Ricardo González-Roca Fonteneau
Secretaría General Liberación Canaria
La prensa canaria titula hoy un artículo, respecto de la limitación de venta de viviendas a foráneos, que se aúnan las propuestas del Estado Español y del GobCan.
Cabe recordar que una mera propuesta a la Comisión Europea no implica, en absoluto, que la Unión Europea la acepte.
Es muy, muy, muy complicado que la UE actúe contra sus propios principios y pilares fundacionales
como son el Libre establecimiento, la libre circulación de personas y trabajadores, libre inversión de capitales y libre prestación de servicios.
Canarias necesita con urgencia abordar la sobrepoblación, fruto en gran medida de la plena integración en la Unión Europea como Región Ultraperiférica, condición que obliga a respetar estrictamente esos principios así como la implicación de los flujos migratorios procedentes de países extracomunitarios que acceden a establecerse aquí con suma facilidad.
Hoy, 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea pueden venir a Canarias libremente a vivir, establecerse y trabajar, y carecemos de protección jurídica efectiva para poner frenos y otro tanto de otros países.
No en vano en Canarias hay personas de 154 nacionalidades. Lo cual indica la facilidad de asentamiento permitido en nuestro Archipiélago.
Regular la residencia y prohibir la venta de viviendas a no nativos, sujetos al principio de arraigo con cambio jurídico de la condición civil y no solo la meramente administrativa como sujeto de derecho de acceso a vivienda ,en un territorio limitado y acotado es una medida obligada y necesaria.
Aplicar a un territorio fragmentado y frágil como Canarias las mismas normas que a un territorio continental tiene consecuencias evidentes, y las estamos viviendo.
Solo es viable hacerlo desde un marco jurídico diferenciado con el Estado español y con la Unión Europea. Sin capacidad real de decisión sobre los asuntos vitales y estratégicos para Canarias, poco se puede hacer que sea verdaderamente efectivo.
Los titulares de prensa vacíos de contenido, impulsados para vender la imagen de que se está haciendo algo cuando no es cierto, resultan lamentables. Más aún cuando son difundidos por medios que renuncian a un mínimo análisis crítico de la realidad jurídica para generar falsas esperanzas en la ciudadanía canaria.
Mientras la sociedad civil canaria no tenga la valentía de exigir los cambios jurídicos necesarios para poder protegernos y legislar desde aquí sobre estas materias, nos condenamos a la extinción como pueblo con identidad propia, con derecho pleno a vivir en su tierra y a no ser expulsado por sustitución.
Si no se cambia el marco de relaciones con la Unión Europea hacia un acuerdo de asociación especial como País y Territorio de Ultramar, reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desde 1957 y que exime de la aplicación directa del Derecho Comunitario, del Mercado Común y del espacio Schengen, el problema que enfrentamos es grave y asfixiante.
Y si el Estado español continúa sin querer otorgar un marco jurídico con las mayores cotas posibles de soberanía, decisión y autogobierno, porque nadie lo disputa políticamente con determinación, como sociedad canaria tendremos los días contados.
